¿Qué fue de la Ley de Dependencia, la norma estrella de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero para atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas? Siete años después de su aprobación y entrada en vigor, las asociaciones empresariales y sindicales del sector de la atención a personas dependientes dieron ayer la voz de alarma.
Los responsables patronales de las residencias de ancianos, empresas de ayuda a domicilio y de atención sociosanitaria en general aseguran que están “al borde de la bancarrota”, según aseguró el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).
Esta situación se produce debido a las decisiones del Gobierno durante los últimos cuatro años de reducir progresivamente la financiación estatal de la Ley de Dependencia, hasta el entorno de los 1.000 millones, lo que supone haber reducido casi a la mitad esta partida de gasto. En esta misma línea, las administraciones autonómicas también han ido recortando las inversiones en el sector a los que les obligaba la ley.
Ante esta circunstancia patronal y sindicatos se han unido para exigir a las Administraciones Públicas que reestablezcan la financiación de la Ley de Dependencia. De hecho, según los cálculos elaborados por los agentes del sector, el reestablecimiento de la financiación de esta norma supondría un ahorro para las arcas públicas de unos 10.000 millones de euros.
Esta cantidad se obtendría de crear un sistema de atención sociosanitara con capital publico privado. Así, mientras una cama de hospital tiene un coste diario de entre 650 y 700 euros, la atención de rehabilitación y convalecencia que en muchos casos de mayores ahora se hace con ingresos hospitalarios ante la falta de otro tipo de infraestructura sanitaria, sería notablemente inferior (de unos 150 euros), según los responsables patronales del sector.
A esto, habría que añadir los retornos en materia de empleo e ingresos tributarios “además del efecto de dinamización que supone dar trabajo a muchas mujeres en entornos rurales”, añaden.
En este escenario, las organizaciones sindicales y empresariales se han unido para retomar el funcionamiento del Observatorio de la Dependencia, que hará dos radiografías en detalle del sector al año (una cada seis meses). Con los datos de estos estudios pretenden reconducir la aplicación de la ley, que según criticaron ayer, no se ha cumplido en ningún momento.
Fuente: www.kantarmedia.es
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