La FED defiende una unificación de los criterios del sistema “para evitar la disparidad en las normativas y conseguir que las personas en situación de dependencia sean atendidas con unos estándares de calidad y con criterios uniformes en el territorio nacional, sin ninguna diferencia autonómica en el desarrollo de esta Ley”.

Asimismo, los miembros de la FED denunciaron durante el encuentro mantenido con Valcarce que “las tarifas de los Servicios Sociales actuales son muy bajas y no permiten cubrir, en la mayor parte de los casos, los costes de los servicios, al mismo tiempo que pueden originar una pérdida de confianza empresarial en este sector”. Igualmente, las mismas fuentes ponen de manifiesto que “existe un problema importante en el retraso del pago que las administraciones públicas tienen con el sector privado”. Según los datos de la FED, los países europeos “destinan a la dependencia el 1,6% del PIB, mientras que en España es el 0,36% para alcanzar el 1,1% en los próximos seis años con la implantación total de la Ley de Dependencia”.

Otra de las propuestas que la FED propone radica en la participación activa de los servicios públicos de salud, tanto en las prestaciones sanitarias como en la coordinación y financiación del SAAD. Desde la federación se insiste en la “insuficiente disponibilidad de trabajadores en el sector, con las titulaciones y formación adecuadas, para cubrir las necesidades de puestos de trabajo del SAAD en los próximos años”.

Por todo ello, los miembros de la FED han reclamado “un peso específico” que, tal y como han explicado, “tendrá que ser considerado en su justa medida para que la Ley salga adelante”.